Las sombras de la corrupción y la negligencia se ciernen una vez más sobre Iván Alonso Montoya, exalcalde de Sabaneta. Su presunta artimaña para pasar por alto al Concejo y entregar un valioso lote, conocido como el Tulio Ospina, ha desencadenado una tormenta de controversia que amenaza con crecer y alcanzar a otros exmandatarios.
La Procuraduría, actuando como un faro de justicia en medio de la oscuridad, formuló cargos contra Iván Alonso Montoya y su antiguo jefe jurídico, Héctor Darío Yepes. Se les acusa de transgredir las normas al ceder parte de este terreno a la Gobernación de Antioquia en 2017. Un movimiento que, además de poner en pausa su ambiciosa campaña política, podría establecer un precedente para otros exalcaldes que pudieron haber cometido actos similares.
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Procuraduría: Iván Alonso Montoya se extralimitó en sus funciones
El centro de esta trama se encuentra en un oficio que Iván Alonso Montoya envió al gerente general del Instituto Colombiano Agropecuario en 2017, donde expresaba la falta de interés de Sabaneta en recibir su porción del lote Tulio Ospina. La Procuraduría interpreta esta comunicación como una extralimitación de sus funciones y una violación de las normativas vigentes.
Esta historia se remonta a la década de 1970 cuando la familia Ospina donó el terreno con la condición de que se construyera un parque público para la comunidad. Cada municipio del Valle de Aburrá recibiría una parte proporcional. Sin embargo, el proyecto nunca se materializó, y el terreno se convirtió en una ficha política.
En el caso de Sabaneta, la situación se tornó caótica cuando el municipio primero aceptó y luego renunció a sus derechos sobre el lote. El Concejo, que debía tomar una decisión al respecto, ni siquiera discutió el tema, y los archivos carecían de documentación al respecto. La Procuraduría sostiene que Montoya se extralimitó en sus funciones y cometió una falta disciplinaria para evitar el proceso adecuado.
Este caso, aunque aún no ha concluido, arroja luz sobre problemas similares en otros municipios, como Bello, que también carece de registros en su Concejo sobre la discusión de la cesión del lote. La sombra de la irregularidad se extiende, y el pueblo exige respuestas. La verdad y la justicia deben prevalecer, y aquellos que han quebrantado la confianza pública deben rendir cuentas por sus acciones.
