En medio de las negociaciones de paz en curso entre el Gobierno nacional y el ELN (Ejército de Liberación Nacional), se informa sobre un retén ilegal de esta guerrilla en las carreteras de Anorí, Antioquia.
El pasado sábado 14 de octubre, en la mañana, un grupo armado de al menos 15 subversivos tomó una vía rural en el municipio antioqueño, amedrentando a los transeúntes y robando una camioneta perteneciente a la empresa Mineros Aluvial, encargada de la explotación aurífera en la zona. Según las primeras versiones, los hombres armados interceptaron la carretera en el corregimiento de Liberia, forzaron a los ocupantes a bajar del vehículo y se lo llevaron. Se espera que una comisión de las Fuerzas Armadas llegue al lugar para investigar el incidente.
La importancia de la minería en Anorí ha llevado a que varios grupos armados ilegales aterroricen a las comunidades, y las acciones hostiles del ELN se suman a una larga lista de actos violentos dirigidos contra los habitantes de este municipio.
Los esfuerzos de las autoridades para frenar la violencia y las intimidaciones en el municipio han resultado insuficientes, y las mismas entidades administrativas se han convertido en blanco de ataques por parte de los delincuentes.
A principios de septiembre, el alcalde de Anorí, Juan Camilo Piedrahita, recibió una amenaza por su presunta participación en presionar a las comunidades para que renunciaran a los subsidios de mejora de vivienda. “Repudiamos el panfleto amenazante contra el alcalde Juan Camilo Piedrahíta y funcionarios de la alcaldía de Anorí. Todas las fuerzas del Estado están activadas para esclarecer y capturar a los responsables”, declaró el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria.
Pero no solo el alcalde de Anorí ha sido víctima de intimidaciones. La empresa de hidrocarburos Mineros Aluvial también sufrió un ataque, con hombres armados prendiendo fuego a uno de sus camiones.
La comunidad denunció que grupos armados ilegales llegaron a los sitios de extracción de oro en la región y prohibieron a los mineros continuar con su trabajo. Según Winston Gallego Pamplona, miembro de la Corporación Jurídica Libertad y del Proceso Social de Garantías, “un grupo armado llegó el 25 de septiembre y obligó a la población a desplazarse, generando una crisis humanitaria en esta subregión. La razón no fue política, sino que llegaron a ocupar y controlar el territorio y dieron la orden de desalojar la zona, incluyendo las diferentes minas”.
Una de las minas más afectadas es la del Ovejo, en el corregimiento Moreno Cano de Anorí, donde se han desencadenado disputas territoriales entre guerrilleros del ELN, disidencias de las Farc y miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), afiliadas al clan del Golfo.
Según las denuncias, el ELN ha instalado campamentos en la zona con el objetivo de controlar la explotación de oro. Además, se habla de una posible alianza entre los subversivos del ELN y las disidencias de las Farc para atacar a las AGC y otros grupos criminales del clan del Golfo que dominan algunas minas de oro y han incendiado viviendas de personas a las que señalan como colaboradoras de la guerrilla.
